Las subvenciones del PP a la Fundación Francisco Franco.

En este tema llevamos cuarenta años con la misma cantinela (en los cuarenta anteriores no había posibilidad tan siquiera en pensar en ello), ni que gobierne el PP ni que haga lo propio el PSOE se le retiran los fondos ni, lo que es aún más importante, los archivos a tal fundación

Estamos muy acostumbrados a que el Partido Popular ningunee completamente a las víctimas del franquismo. Dejando a 0 euros el presupuesto de la Ley de Memoria Histórica y sentirse orgulloso por ello (como bien dejo claro el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy) las declaraciones de Rafael Hernando, el decir que no hay fosas comunes en nuestro país, etc etc. Conocemos perfectamente como defienden que no sean juzgados torturadores como Billy el Niño, como permiten que siga habiendo calles con nombres de franquistas y monumentos que ensalcen la dictadura.

Por eso no nos ha extrañado la noticia que ha salido hace unos días, en la que se dice que el gobierno de Aznar, entre los años 2000 y 2003, subvención con 150.841 euros (es decir, unos 40.000 al año). Estas subvenciones se dieron no sólo para sus archivos, sino también para la difusión de su documentación. Y…

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¿Por qué se sublevaron los militares en 1936?

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Cuando hablamos de quiénes fueron quienes dieron comienzo a la Guerra Civil, sólo nos queda una respuesta: quienes dieron los primeros disparos sublevándose contra el poder constituido cuando una de sus obligaciones era precisamente salvaguardar ese poder. Mucho se ha escrito al respecto, multitud de páginas emborronadas intentando justificar lo injustificables: el Ejército debe defender a la patria contra sus enemigos y, obviamente, incluso aceptando esa teoría absurda del “enemigo interior”, ese tal enemigo no podía ser en ningún caso el propio Gobierno.

Ciertamente para que una parte importante del Ejército se subleve, debe haber alguna circunstancia que lo motive si bien todas las que han esgrimido sus defensores son espurias: ni media España quería matar a la otra media como dijera, entre otros, Gil Robles y recogiera más adelante Ricardo de la Cierva[1], el “historietógrafo oficial del régimen del 18 de julio”, según le califica Alberto Reig Tapia, ni existía ningún tipo de complot comunista según intentaron justificar algunos de los sublevados mediante panfletos falsificados al estilo de Los protocolos de los sabios de Sión que tanto hicieron para justificar la Solución Final de Hitler, ni tampoco nadie en aquellos momentos de 1936 pensó que aquella guerra era una continuación de la que se habría iniciado en Asturias casi dos años antes. Sí es cierto que, durante la campaña electoral que dio la victoria a la coalición del Frente Popular, la derecha “contrarrevolucionaria”, como se llamó a sí misma,  habló de que aquello no volviera a repetirse, no que se hubiera comenzado una guerra en octubre de 1934.

Podemos entender que muchos de quienes se rebelaron se hubieran creído la propaganda sobre el supuesto complot comunista teniendo en cuenta el precedente asturiano pero también hemos de saber que la mayor parte de quienes prepararon y/o encabezaron la rebelión tenían motivos personales para estar molestos con la República por varias causas: así tendríamos que el primer rebelde, el general Sanjurjo quien debería encabezar el gobierno que saldría de la sublevación y que ya había intentado hacer lo propio en 1932, había sido el último Director General de la Guardia Civil de la Monarquía a la cual no ayudó en sus postreros momentos sino que se puso al servicio del Gobierno Provisional desde un primer momento pero, tras los sucesos de Castillblanco donde fueron asesinados cuatro guardias civiles, los compañeros de éstos:

“Casi antes de que el gobierno hubiera tenido tiempo de apaciguar las cosas de Castillblanco, los hombres de Sanjurjo se habían tomado una venganza sangrienta que había causado la muerte a dieciocho personas. Tres días después de Castillblanco la Guardia Civil mató a dos trabajadores e hirió a otros tres en Zalamea de la Serena (Badajoz). Dos días más tarde un huelguista fue muerto a tiros y otro resultó herido en Calzada de Calatrava y un huelguista fue disparado en Puertollano (ambos pueblos en Ciudad Real), a la vez que hubo dos huelguistas muertos y once heridos en Épila (Zaragoza) y dos muertos más y diez heridos en Teresa (Valencia). El 5 de enero tuvo lugar la más atroz de estas acciones cuando veintiocho guardias civiles abrieron fuego contra una manifestación pacífica en Arnedo, pequeña villa de la provincia de Logroño, en el norte de Castilla. A finales de 1931 numerosos trabajadores fueron despedidos de la fábrica local de calzado en Arnedo por pertenecer a la UGT. Durante una protesta pública, la Guardia Civil disparó y mató a un trabajador y cuatro espectadoras, una de las cuales era una mujer embarazada, de veintiséis años, cuyo hijo de dos años también resultó muerto. Las balas hirieron a otras cincuenta personas, entre ellas gran número de mujeres y niños, algunos de muy corta edad. Durante los días siguientes otras cinco personas murieron a causa de sus heridas y a muchas tuvieron que amputarles alguna extremidad, entre ellas un niño de cinco años y una viuda con seis hijos[2]“.

Por si no fuera suficiente esta actitud de la “Benemérita”, el propio Sanjurjo habría hecho unas declaraciones muy poco afortunadas:

“El general Sanjurjo se indignó al saber que por la obligación de ir a Castilblanco no podría participar en un gran acto social en Zaragoza, donde debía figurar entre los testigos de la novia en la boda de la hija del vizconde de Escoriaza. El 2 de enero, cuando Sanjurjo llegó al pueblo, ocupado por un numeroso destacamento de guardias civiles, el oficial de mando señaló a los cerca de 100 prisioneros con estas palabras: «Vea usted aquí a los criminales; ¡mire usted qué cara tienen!». A lo que Sanjurjo respondió: «¿Pero no los han matado?». Trataron a los prisioneros con inconcebible brutalidad. Los tuvieron siete días y siete noches, desnudos de cintura para arriba, a una temperatura por debajo de cero grados, y los obligaron a permanecer de pie con los brazos en alto. Si caían al suelo la emprendían con ellos a culatazos. Algunos murieron de neumonía. Al hablar con los periodistas durante el funeral de los guardias asesinados, Sanjurjo acusó de todo lo ocurrido a Margarita Nelken [diputada extremeña]. Lamentó que se le hubiera permitido ser diputada parlamentaria «siendo extranjera y judía, circunstancia ésta que le daba una particular calidad como espía». A continuación comparó a los trabajadores de Castilblanco con las tribus de moros contra las que había combatido en Marruecos, y señaló: «En un rincón de la provincia de Badajoz hay un foco rifeño». Proclamó mendazmente que, desde el desastre de Anual, ocurrido en julio de 1921, en el que 9.000 soldados perdieron la vida, «ni en Monte Arruit, en la época del derrumbamiento de la Comandancia de Melilla, los cadáveres de los cristianos fueron mutilados con un salvajismo semejante»”[3].

Obviamente, tras todo esto, fue destituido como Director General de la Guardia Civil para ser designado como Director General de Carabineros, un puesto bastante inferior. A partir de ese momento, comenzaría a conspirar contra la República no dejando de hacerlo tras el indulto promulgado por uno de los gobiernos de Lerroux, hasta el día de su muerte producido, según su piloto, porque se empeñó en llevar una maleta con todas sus medallas lo cual impediría que el pequeño avión tomara altura con la suficiente prontitud para evitar los árboles.

A Queipo de Llano le sucedió algo parecido aunque éste, al parecer, había sido prorrepublicano hasta el mismo 1936 aunque lo de conspirador le venía en el ADN ya que hizo lo propio contra la Dictadura sin, al parecer, graves consecuencias. También fue nombrado Director General de la Guardia Civil pero, primero, su consuegro, Alcalá Zamora, fue destituido como presidente de la República y, poco después, él también vio cómo era relegado de su puesto al frente de la Guardia Civil para ponerle al frente los Carabineros. Él también utilizó este argumento para unirse a los conspiradores que nunca se fiaron mucho de él a pesar de su papel destacado en la represión en Andalucía y provincias colindantes que quedaron pronto bajo su férula.

La reforma militar de Azaña así como, sobre todo, la revisión de los ascensos logrados en Marruecos, también hicieron varios conspiradores: así, Mola vería rebajado su categoría de general de división a general de brigada mientras el propio Franco, aunque no perdiera esa categoría, veía cómo era relegado a los últimos puestos del escalafón pero es que éste, luego de haber tocado el más alto cargo que entonces podía tener un militar como tal, Jefe del Estado Mayor, era enviado a Canarias como Comadante General que no es que fuera un cargo de poca categoría pero sí de escasa relevancia y, sobre todo, alejado de la Península.

Otros varios altos cargos vieron cómo sus carreras se veían retrasadas debido a las revisiones de los ascensos de los africanistas pero no vamos a decir que éste fuera el motivo principal de la sublevación aunque sí lo fuera el de sus cabecillas. Las causas de la rebelión militar fueran muchas y muy diferentes pero sobre estos temas ya hablaremos otro día.

[1] DE LA CIERVA, Ricardo: Historia básica de la España actual, 374-375

[2] PRESTON, Paul: La Guerra Civil española, p. 68

[3] PRESTON, Paul: El holocausto español, p. 38

El programa del Frente Popular

descargaLos partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista en representación del mismo y de Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Obrero de Unificación Marxista, Partido Comunista, Partido sindicalista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición y a sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda con el apoyo de las fuerzas obreras en caso de victoria. Declaran ante la opinión pública sus bases y los límites de coincidencia política y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.

I

Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coaligados se comprometen.

  1. A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1935, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la Ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán con arreglo a la Ley las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de vagos por motivo de carácter político. Hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que, en lo sucesivo, se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas.
  2. Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslados o separación, acordado sin garantía de expediente o por motivos de persecución política, serán repuestos en sus destinos.

El gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en las que el Estado tenga vínculo directo.

Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un motivo político-social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieran sido indebidamente eliminados.

  1. Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por hechos revolucionarios o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión, la adecuada reparación del daño inferior a las personas

II

En defensa de la libertad y de la justicia, misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los partidos coaligados:

  1. Restablecerán el imperio de la constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental. Y la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reforma, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrario a la salud del régimen.
  2. Se procederá a dictar las Leyes orgánicas prometidas por la Constitución, que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las Leyes provincial y municipal que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios contenidos en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su Reglamento, modificando la estructura y función con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados los trámites formativos de las Leyes.
  3. Se declara en todo su vigor el principio de autoridad, pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la Ley de Orden Público para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del poder, adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.
  4. Se organizará una justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil. Se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente los correspondientes a los delitos netamente militares, y se humanizará el régimen de prisiones aboliendo malos tratos e incomunicaciones no decretadas judicialmente.
  5. Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de los gobiernos reaccionarios, aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada Instituto dentro de las finalidades de su respectivo Reglamento. Serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se reorganizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.
  6. Se revisarán las faltas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro Público.

III

Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del Partido Socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas, en que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia, sino porque constituye la base más firme de reconstrucción económica nacional.

  1. Como medidas de  auxilio al cultivador directo: Rebaja de impuestos y tributos. Represión especial de la usura. Disminución de rentas abusivas. Intensificación del crédito agrícola. Revalorización de los productos de la tierra, especialmente del trigo y demás cereales, adoptando medidas para la eliminación del intermediario y para evitar la confabulación de los harineros. Estímulo del comercio de exportación de productos agrícolas.
  2. Como medidas para mejorar las condiciones de la producción agrícola: se organizarán enseñanzas agrícolas y se facilitarán auxilios técnicos por el Estado. Se trazarán otros planes de sustitución de cultivos e implantación de otros nuevos con la ayuda técnica y económica de la Administración pública. Fomento de los pastos, ganadería y repoblación forestal. Obras hidráulicas y obras de puesta de riego y transformación de éstas para regadío. Caminos y construcciones rurales.
  3. Como medidas para la reforma de la propiedad de la tierra: Derogación inmediata de la vigente ley de Arrendamientos. Remisión de los desahucios practicados. Consolidación en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños. Se dictará nueva ley de Arrendamientos que asegure: La estabilidad en la tierra. La modicidad en la renta susceptible de revisión. La prohibición de subarriendos y sus formas encubiertas. La indemnización de mejoras útiles y necesarias, llevadas a cabo por el arrendatario haciéndolas efectivas antes de que el cultivador abandone el predio. Y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo.

Estimulará las formas de cooperación y fomentará la explotación colectiva. Llevará a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. Dictará normas para el rescate de bienes comunales. Derogará la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas de la nobleza

IV

Nuestra industria no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones que el Estado dispensa, según criterio estricto de coordinada subordinación al interés general de la economía. En consecuencia, procede:

  1. Dictar una ley o sistema de leyes que fije las bases de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que el estado dispense, en interés de la producción nacional, promoviendo el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpecen su desenvolvimiento.
  2. Crear instituciones de investigación económica y técnica donde no sólo el Estado pueda adquirir elementos para su dirección política, sino también los empresarios, para mejor regir sus iniciativas.
  3. Adoptar aquellas medidas necesarias de especial protección a la pequeña industria y al pequeño comercio.
  4. Levantar la actividad de nuestras industrias fundamentales, mediante un plan de obras públicas a que luego se alude, urbanizaciones y saneamientos de la población rural en el que se calcularán de antemano los materiales que se han de consumir y sus precios, a fin de asegurar la rentabilidad de estas obras.

V

Los republicanos consideran las obras públicas no sólo como medio de realizar los servicios habituales del Estado, o como mero método circunstancial o imperfecto de atender al paro, sino come medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios.

  1. Se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas, urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego e implantación de regadío y transformación de terrenos.
  2. Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de las obras, su buena administración y la contribución a las mismas de los intereses privados, directamente favorecidos.

Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo en el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional, cumplen no sólo su finalidad propia, sino el cometido esencial de absorber el paro.

VI

La hacienda y la banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, sin desconocer que fuerzas tan sutiles como la del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción, ni estimular fuera del campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo remunerador.

No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la banca, propuestas por los partidos obreros. Conocen sin embargo que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar señalamos las siguientes medidas:

  1. Dirigir el Banco de España, de modo que cumpla su función de regular el crédito conforme exija el interés de nuestra economía, perdiendo su carácter de concurrrente de los bancos y liquidando sus inmovilizaciones.
  2. Someter a la banca privada a reglas de ordenación que favorezcan su liquidez sobre los principios clásicos que ha puesto de nuevo en relieve la experiencia de las últimas crisis, a fin de afirmar la garantía de los depositantes y el servicio de las necesidades financieras de la política de reconstrucción económica que aquí se promete.
  3. Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro para que cumplan su papel en la creación de capitales, dictando también aquellas medidas necesarias para proteger al ahorro privado y de responsabilidad de lso promotores y gestores de toda clase de compañías.

Respecto a la hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, evitando el empleo abusivo del crédito público en finalidades de consumo

  1. Se revisará a fondo la tributación directa, detenida en su desarrollo normal, reorganizándola sobre bases progresivas.
  2. Se reformará la tributación indirecta, buscando la coordinación del gasto privado con el gravamen del consumo.
  3. Se perfeccionará la Administración fiscal para que sirva de instrumento eficaz a la nueva política tributaria.

VII

La República que conciben los partidos republicanos no es una república dirigida por motivos sociales y económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática impulsada por motivos de interés público y progreso social. Pero, precisamente por esa decidida razón, la política republicana tiene el deber de llevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar fuera de este tope en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos.

No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del Partido Socialista. Convienen en:

  1. Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios, para lo cual dictarán las disposiciones necesarias a fin de dejar sin efecto aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia, revisando las sanciones restablecidas con objeto de asegurar el más leal cumplimiento de las leyes sociales.
  2. Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia, a fin, no sólo de que las partes interesadas adquieran conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino también para que en ningún caso los motivos de interés general de la producción queden sin la valoración debida.
  3. Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos, a fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna, y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguido de oficio ante los Tribunales.

Aunque la política de reconstrucción económica debe conducir a la absorción del paro, es menester además organizar administrativa y técnicamente la lucha, estableciendo los servicios que sean necesarios de estadística, clasificación, oficinas de colocación y Bolsas de Trabajo, y preocupación de modo especial del paro en la juventud sin olvidar también las instituciones de previsión y seguro que, prometidas por la Constitución, deben disponerse a ensayo sobre bases de tipo social.

Los republicanos han de dedicar a la Asistencia pública, Beneficencia y Sanidad la atención que merecen, en todo pueblo civilizado, sin regatear sacrificios. Unificación, bajo la dirección del estado, de las diversas instituciones de fundación privada, totalizando sus recursos, sin perjuicio del respeto a la voluntad del fundador.

VIII

La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral, por encima de razones confesionales y de clase social:

  1. Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de Primera enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias. Se ha de se someter a la enseñanza privada a vigilancia, en interés de la cultura, análoga a la que se ejercite cerca de las escuelas públicas.
  2. Crearán las enseñanzas medias y profesionales que sean necesarias para dar instrucción a todos los ciudadanos, en condición de recibir la de estos grados.
  3. Concentrarán las enseñanzas universitarias y superiores para que puedan ser debidamente servidas.
  4. Pondrán en ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media y superior a la juventud obrera, y en general a los estudiantes seleccionados por su capacidad.

Los partidos coaligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes Constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución.

Se orientará la política internacional en un sentido de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de las Naciones.

Madrid, 15 de enero de 1936.

[BROUÉ, Pierre: La revolución española (1931-1939), pp. 184-193]

El mito de las dos (o las tres) Españas

Son muchos los autores que se han preguntado por los orígenes de la Guerra Civil pero, a la postre, todos terminaron por indicar que tuvo su origen durante la Segunda República hasta el punto que muchos de ellos ven este quinquenio simplemente como un prólogo para la misma cuando, bien mirado, si hubo una guerra civil se debió fundamentalmente a que una docena de generales seguidos por unos cuantos coroneles se sublevaron acompañados por una parte importante del resto de sus jefes y una proporción relativamente alta de la oficialidad y de la suboficialidad. Como bien dijera Tusell[1], en los primeros días de julio de 1936 no había más que una España, cierto que muchos españoles no estaban de acuerdo con el resultado de las anteriores elecciones y, como apunta el mismo Tusell, ni tan siquiera eran partidarios de aquellas consultas populares pero ese cuento de las dos Españas del ‘36 no pasa de ser eso, un cuento que, además, está motivado por una mala interpretación de unos versos de Machado porque cuando él habla de las dos Españas se refiriendo a “una España que muere y otra que bosteza” (cito de memoria), para él hay una tercera que está naciendo representada en ese “españolito que vienes al mundo”; pero es que tampoco existían tres Españas, eso no es más que una figura poética. Primero, porque, se mire como se mire un mapa, no hay más que una España y, segundo, porque si se refiere a las diversas ideologías que entonces había y sus distintas formas de enfocar el tema de España –curioso que luego de tantos siglos aún sigamos preguntándonos por la esencia de España y más ahora con el proceso de intento secesionista por parte de Cataluña-, no había, desde luego una izquierda y una derecha por cuanto desde los anarquistas hasta los falangistas y carlistas había un muy amplio abanico de opciones. Más cuarenta partidos llegaron a estar representados en las Cortes y aunque algunos no se diferenciaban de otros más que en las siglas, había comunistas, socialistas, republicanos de izquierda, centro y derecha, nacionalistas también de las tres tendencias, antirrepublicanos que iban desde el centro-derecha hasta la extrema derecha y eso sólo refiriéndome a quienes tenían representación en el hemiciclo por cuanto anarquistas y falangistas, por hablar de los dos extremos, nunca tuvieron representación parlamentaria como tales a pesar que Primo de Rivera obtuviera un acta en las elecciones de 1933, pero se presentó en una lista monárquica y Ángel Pestaña, con su acta por el Frente Popular, no representaba a ningún grupo anarquista contrarios, por esencia, a tal tipo de juegos.

No, las dos Españas sólo existieron durante la guerra y no porque hubiera dos bandos homogéneos, que no los hubo a pesar de la mano de hierro de Franco hiciera sospechar que había una gran unidad entre los suyos… bueno, sí, la hubo en el hecho de que todos estaban de acuerdo en derribar al sistema republicano y no por el sistema en sí sino por cuanto representaba de avance social para la gran mayoría de los españoles a la vez que fueron muy escasos los perjudicados por ella pero, aparte este anti, había multitud de lo que hoy denominaríamos sensibilidades. En cuanto a la zona gubernamental, conocidos son de todos los problemas que nacieron debido a las suspicacias de unos y de otros aunque, a la postre, todo quedó en un enfrentamiento de anticomunistas y pro-comunistas… pero esto también es un mito a pesar que con Casado, el coronel golpista, hubo socialistas y anarquistas como Besteiro y Mera pero los problemas fueron mucho más profundos.

Naturalmente que ese mito de las dos Españas ha favorecido a la derecha especialmente a la autoritaria -¿es que hay derecha que no sea, en mayor o menor medida, autoritaria?- por cuanto se ha extendido la versión del cainismo de los españoles, una versión poco acorde con la realidad especialmente si comparamos la historia de España con la de casi cualquier otra nación, las guerras civiles, las revoluciones y todo tipo de revueltas han estado a la orden del día aunque otras naciones han tendido a promover una visión de su historia mucho más amable, así los británicos, cuando hablan de “su” revolución, no se refieren a la que tuvo lugar en la época de Cromwell con el consiguiente decapitación de Carlos I sino a la de 1681, posterior y mucho menos sangrienta contraponiéndola así a las revoluciones francesa y rusa especialmente –suelen olvidarse de la estadounidense quizá porque de ella tuvieron que salir por piernas o por esa sensación que parecen tener de hermandad con el otro lado del Atlántico- entre otras pero la historia tanto inglesa como británica está llena de guerras de todo tipo y lo mismo cabe decir d prácticamente cualquier otra.

Sin embargo, la diferencia de España es que ésta ha sido, que yo sepa, la única entre las grandes naciones del Oeste europeo –allí donde mis conocimientos son mayores- que se ha creído su propia leyenda negra como podemos comprobar en una gran parte de los historiadores, creencia que ha sido, además, propalada por hispanistas a quienes se les ha atribuido una objetividad de la cual carecía o carecen en muchas ocasiones. Y, en cuanto al siglo XX, sobre todo a su primer tercio, creo que la obra de Gerald Brenan, El laberinto español, pasa por ser la más nefasta en esta materia precisamente por el aura de santón que siempre ha caracterizado la leyenda de don Geraldo según le llamaban en La Alpujarra granadina.

Naturalmente no voy a decir que los españoles hayamos sido mejores que nuestros vecinos europeos, pero tampoco peores sin embargo la existencia de esa leyenda y su aceptación por parte de los españoles ha hecho que la derecha involucionista de hoy y de siempre, haya utilizado tales argumentos diciendo como, por ejemplo, hizo el propio Franco que la democracia estaba bien para Francia, Gran Bretaña, etc.  pero que los españoles necesitábamos de mano dura para no desmandarnos como si ellos –que, por cierto, no dejan de ser españoles que, a su vez, deben necesitar mano dura… ¿o ellos, no?- supieran qué es lo que más nos interesa a los españoles y qué no. A la postre es la misma postura del ministro Morenés cuando amenaza a los catalanes con utilizar el ejército si no votan lo que a él y sus jefes más le apetezca.

[1] TUSELL, Javier: “Las fuerzas políticas nacionales” en VV. AA.: La Guerra de España (1931-1939) Círculo de Lectores/EL país (Madrid, 1986), p. 106